Son los mismos coligalleros nicaraguenses quienes corren la voz en su país para que otros lleguen hasta Crucitas a sacar oro, ya que aseguran es un buen momento para hacerlo.

Esta percepción la tienen tras la salida de la policía en el campamento policial y la poca presencia en las comunidades aledañas.

Incluso conversando con algunos de ellos fuera de cámaras preguntaban cuanto tiempo más tenían permitido para trabajar en la zona, existiendo así una falsa percepción de permiso.

Pese a esta situación de descontrol evidente en Crucitas, el ministro de seguridad Mario Zamora insiste en que continúan con una vigilancia activa en la zona de mayor conflicto.

Además, desmintió que el desalojo del campamento en Vivoyet fuera una orden presidencial pese a que un correo enviado a los representantes de la propiedad privada señalaba lo contrario.

La contradicción de sus palabras también es evidente, ya que a mediados de julio del año en curso, el jerarca mencionó que había sido una solicitud de los dueños para que abandonaran las instalaciones, sobre esto consultamos a prensa del ministerio e indicaron que se refería al tema hasta este próximo sábado en su visita a Crucitas.

Un informe señala las razones por las cuales salieron del lugar entre ellas factores de riesgo al existir una orden sanitaria por la contaminación de las fuentes de agua con mercurio, que no eran aptas para el consumo de los policías, también señalan un incumplimiento en el abastecimiento de agua potable ya que pasaron hasta cuatro días sin ese líquido.

Indicaron que las instalaciones no son adecuadas para su uso debido al deterioro que presentan, la mayoría de ellas con daños por vandalismo provocados en alguna ocasión por los coligalleros.

El ministro aseguró que valorarían habilitar nuevamente un puesto en Crucitas si las condiciones así lo permiten.