A la 1:30pm de este lunes, inició la audiencia de medidas cautelares contra Alejandro Arias Monge, alias Diablo y Jonathan Pérez Méndez, alias Tan.

Ellos fueron trasladados en horas de la mañana a los Tribunales del I Circuito Judicial en San José, bajo un fuerte operativo de seguridad.

 Los imputados figuran como sospechosos de varios delitos ocurridos en Pococí en el 2015, razón por la cual el Tribunal Penal de esa localidad se trasladó a la capital para realizar la audiencia.

En este caso, la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada solicitará la imposición de tres meses de prisión preventiva en contra alias Diablo, y de cinco meses contra un hombre de apellido Pérez, alias Tan.

Los plazos solicitados corresponden al saldo del período ordinario de 18 meses de prisión preventiva que aún permanece disponible para cada uno de los imputados, debido a que ambos ya estuvieron sujetos a esta medida cautelar durante etapas anteriores del proceso penal que se sigue en su contra.

Es importante aclarar que, en caso de que el Juzgado acoja la solicitud de la Fiscalía, el vencimiento de esos plazos no implica que los sospechosos recuperarán automáticamente su libertad.

Estos dos sujetos fueron detenidos el pasado viernes tras un fuerte enfrentamiento policial en San Bernardino en Puerto Viejo de Sarapiquí, el cual dejó como saldo a 8 oficiales heridos del SERT y UVISE.

En el caso de diablo se le vincula con delitos de tentativas de homicidios, homicidios calificados, infracción a la ley de psicotrópicos, legitimación de capitales, robo de ganado, infracción a la ley de armas.

Mientras que Tan es acusado de delitos de homicidios, tentativas de homicidios, legitimación de capitales, tráfico de drogas. Él sería el principal sospechoso de ser el actor intelectual del homicidio del oficial de la Fuerza Pública, Gerson Rosales, en Batán de Matina.  

Con respecto al proceso de extradición, las autoridades policiales fueron enfáticas en señalar que no existe a la fecha ninguna solicitud formal para extraditarlo por parte de los E.E.U.U, sin embargo, tras su detención la Fiscalía, OIJ y la DEA deberán definir si existen las pruebas suficientes para su traslado hacia la nación norteamericana.

Desde el viernes pasado los imputados se encuentran recluidos en La Reforma, en Alajuela.

El ministro de Justicia señaló 15 medidas que deberán cumplirse mientras estas personas se encuentren en ese lugar.

Tampoco podrán tener contacto físico con sus abogados, permanecerán en las celdas las 24 horas el día sin derecho a salir al patio, no podrán realizar llamadas telefónicas y cuando requieran atención médica serán atendidos en las celdas.

Además, el centro penitenciario se mantiene con presencia permanente para evitar cualquier tipo de amenaza.