Más de 41 mil padres han aprovechado la licencia de paternidad en Costa Rica desde su entrada de vigencia en el 2022.
Un proyecto de ley busca que padres del sector privado disfruten de este beneficio por un mes completo como sucede en el sector público.
En el marco de la celebración del Día del Padre, la licencia de paternidad en Costa Rica refleja un crecimiento sostenido y una mayor adopción desde su implementación en 2022.
Este beneficio, que permite a los padres acompañar a sus hijos en sus primeros días de vida, se consolida como un avance importante en materia de corresponsabilidad familiar.
En junio de 2022, se aprobó la Ley para combatir la discriminación laboral contra las mujeres, que otorgó por primera vez al sector privado un permiso de dos días por semana durante las primeras cuatro semanas del bebé.
Pero el gran salto ocurrió en marzo de 2023, cuando la Ley Marco de Empleo Público otorgó a los funcionarios públicos un mes calendario completo con goce de salario.
La exdiputada Luz Mary Alpízar Loaiza del Partido Progreso Social democrático presentó el 17 de junio del 2025 el proyecto de ley 25.049 que propone reformar el Código de Trabajo para homologar la licencia de paternidad del sector privado con la del sector público.
Es decir, busca otorgar a los padres un mes calendario completo de permiso con goce de salario tras el nacimiento o adopción de un hijo.
Ahora les corresponderá a los diputados de esta nueva administración 2026-2030 convocarlo a plenario para su aprobación.
Según datos oficiales de la CCSS, entre 2022 y junio de 2026, un total de 41.474 padres han utilizado este derecho.
El comportamiento anual muestra un aumento significativo: 5.237 en 2022, 11.118 en 2023, 11.156 en 2024, 12.085 en 2025 y 5.152 en lo que va de 2026.
Estas cifras reflejan no solo el acceso al beneficio, sino también un cambio cultural hacia una paternidad más activa y presente.
Especialistas coinciden en que la licencia de paternidad fortalece los vínculos familiares, contribuye al bienestar del recién nacido y apoya a las madres en el proceso de recuperación.
A más de cuatro años de su entrada en vigencia, este derecho continúa posicionándose como una herramienta clave para el desarrollo integral de las familias costarricenses.
