La iniciativa pretende cerrar un vacío legal e incorporar sanciones penales contra quienes no brinden auxilio tras un accidente vial.
El proyecto contempla penas de prisión, multas e inhabilitación de licencia, diferenciando entre conductas culposas y dolosas.
La diputada oficialista Mayuli Ortega presentó ante la corriente legislativa el proyecto de ley expediente 25.598, una iniciativa que busca sancionar penalmente a los conductores que abandonen a personas heridas tras un accidente de tránsito.
La propuesta plantea la incorporación de un nuevo artículo 144 bis al Código Penal, con el fin de establecer penas para quienes, tras verse involucrados en un accidente, omitan detenerse, brindar ayuda o dar aviso a las autoridades cuando existan víctimas en condición de riesgo.
De acuerdo con la legisladora, la iniciativa busca reforzar la protección de la vida y la integridad de las personas en carretera, así como cerrar un vacío legal que actualmente dificulta castigar este tipo de conductas.
“El derecho a la vida y la integridad de las personas debe estar por encima de cualquier indiferencia. Hoy estamos presentando un proyecto que busca enviar un mensaje claro: en Costa Rica no puede seguir siendo aceptable abandonar a una persona herida en carretera”, afirmó Ortega.
Accidentes de tránsito
Según datos incluidos en el proyecto, la problemática de la siniestralidad vial mantiene cifras preocupantes en el país.
En Costa Rica, cada tres horas una persona fallece o resulta gravemente herida en un accidente de tránsito, mientras que solo en 2025 la Cruz Roja atendió más de 51 mil emergencias relacionadas con colisiones.

La iniciativa establece un esquema de sanciones que incluye penas de prisión, multas económicas e inhabilitación para conducir.
Además, introduce una diferenciación entre hechos culposos —cuando no existe intención— y dolosos, en los que hay una conducta deliberada de abandono.
Asimismo, el texto aclara que la obligación de los conductores se limita al deber de auxilio, sin que esto implique una autoincriminación en eventuales procesos judiciales.
“El proyecto no pretende obligar a nadie a confesarse culpable. Lo que busca es algo mucho más humano y elemental: que nadie deje morir a una persona tirada en carretera pudiendo ayudar”, concluyó la diputada.
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