La medida fue ordenada por el Juzgado Penal de Cartago a solicitud de la Fiscalía, mientras avanzan las investigaciones por una presunta tentativa de homicidio.

Las autoridades buscan determinar si el sospechoso presenta algún padecimiento mental que pueda influir en el proceso judicial.

Un hombre de apellido Sosa deberá cumplir un mes de internamiento en el Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley (Capemcol).

Así lo solicitaó la Fiscalía Adjunta de Cartago como parte de las investigaciones que se siguen en su contra por una presunta tentativa de homicidio.

La medida fue ordenada dentro de la causa 26-003857-0058-PE, relacionada con un caso que trascendió públicamente a través de un video divulgado en redes sociales.

En apariencia, el sospechoso agredió a una profesional en medicina veterinaria utilizando un objeto contundente.

Valoración psiquiátrica

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público, tras la detención del imputado se realizó una valoración preliminar en psiquiatría, la cual determinó la necesidad de efectuar estudios más profundos ante la posible existencia de un padecimiento mental.

Ante este escenario, la Fiscalía gestionó el internamiento temporal de Sosa en Capemcol, donde será sometido a nuevas evaluaciones médicas y psicológicas que permitan establecer si se encuentra en condición de inimputabilidad.

Las autoridades explicaron que la inimputabilidad corresponde a aquellos casos en los que una persona, al momento de cometer un hecho presuntamente delictivo, no tiene la capacidad de comprender la naturaleza de sus actos o de actuar conforme a esa comprensión debido a una enfermedad mental u otra condición determinada por expertos forenses.

No obstante, aclararon que esta condición no impide que una persona sea sometida a un proceso judicial.

La legislación costarricense contempla un procedimiento especial para estos casos, mediante el cual, de comprobarse la responsabilidad de la persona investigada, se pueden imponer medidas de seguridad en lugar de una pena privativa de libertad.

Estas medidas tienen un carácter terapéutico y buscan contribuir a la recuperación y atención integral de la salud de la persona involucrada, según lo establecido en la normativa vigente.