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Crucitas, un problema sin resolver: el cambio de estrategia policial que cuesta ₡60 millones mensuales.

Por

Kevin Trejos Zúñiga

13 de abril de 2024

Propietarios de finca aseguran que llegada de coligalleros aumentó tras levantamiento de campamento.

Coligalleros realizan quemas en la zona buscando nuevos hilos de oro.

El representante legal de los propietarios de la finca Vivoyet, una pareja de geólogos canadienses, niega que exista hasta el momento, algún interés del gobierno de acercarse a buscar una posibilidad de compra o solución integral de lo que sucede en ella, con la creciente actividad minera ilegal.

Chávez, asegura que, actualmente, existe gran preocupación de los propietarios de la finca por lo que sucede dentro de esta, en donde los coligalleros entran y salen sin ningún tipo de resistencia, hasta llegar a sectores como los cerros Botija y Fortuna, causando gran impacto ambiental y social.

La preocupación, tanto de los propietarios como de los administradores de la finca es que, a pesar de las acciones de la Fuerza Pública para intervenir en carretera el material extraído y trasladado desde la finca a otros sectores, la actividad coligallera sigue en aumento y ahora, la contaminación de fuentes de agua se ha extendido de Crucitas a al menos 15 pueblos más.

En el Ministerio de Seguridad reconocen este comportamiento y admiten que la estrategia operativa actual, a pesar de dar frutos en relación con el decomiso de maquinaria y material y detención de coligalleros, no ha aportado a mermar el aumento de la llegada de ellos, sino que, además, es una operación muy costosa para el estado.

Según datos del Ministerio de Seguridad, desde el levantamiento del campamento en la Finca Vivoyet, en agosto del año pasado a la fecha, se registra la detención de138 personas, quienes fueron procesadas por violación al código de minería, así como el decomiso de 1564 kilos de cianuro de sodio y 2.5 kilogramos de mercurio utilizados para la actividad, además, de la incautación de poco más de 1 kilogramo de oro.

Actualmente, los propietarios de la finca aseguran ya no tener la capacidad de contener la cantidad de coligalleros que ingresan a la finca, la cual ha ido en aumento desde el retiro del campamento y recuerdan que, a pesar de que el terreno es privado, el oro que se está extrayendo pertenece al estado y es este quien debe velar por su resguardo.

En nuestra tercera entrega abordaremos el tema de la contaminación y el nuevo impacto generado en la flora y fauna de Crucitas, producto de la quema, en busca de lo que se conoce como nuevos hilos de oro para su explotación.

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